• El gobernador celebró que Chiapas evolucione en materia penitenciaria con una política humanitaria a través de instrumentos jurídicos
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas fungió como testigo de honor del Convenio de Colaboración Interinstitucional por Criterios de Política Penitenciaria por Fines Humanitarios para la Liberación de Sentenciados, que tiene el objetivo de beneficiar a personas adultas mayores y/o con enfermedades crónico-degenerativas o terminales, que se encuentran privadas de su libertad.
Luego de la firma de este convenio entre el Poder Judicial del Estado (PJE), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), el mandatario celebró que Chiapas evolucione en este importante asunto de las personas que sufren por salud dentro de los reclusorios, a través de instrumentos jurídicos como es el artículo 18 constitucional, que da la pauta para atender de forma humana el sistema penitenciario.
“Este documento nos reafirma la voluntad de las y los servidores públicos en este ámbito, de seguir cumpliendo con una verdadera justicia para todas y todos; hoy que tenemos un gobierno emanado del pueblo, que trabaja por el pueblo, no perdamos esa posibilidad de buscar los mejores caminos y mecanismos para cumplir con nuestro deber, eso es la consolidación de la Cuarta Transformación”, manifestó.
Asimismo, resaltó los resultados de la Mesa de Reconciliación al dar oportunidad a personas que, luego de haber recobrado su libertad, están abonando no solamente a la economía de Chiapas, sino a su familia como una experiencia de vida para motivar a la gente a establecer una vida en paz, lo que, dijo, ayuda a la entidad y al país.
“Por eso, sigamos empujando por ese lado, ayudando a la gente. Hay personas que tienen ya la mayor parte de su vida sin poder salir de las cárceles y que, sobre todo, han procurado prepararse, hacer lo que le recomienda el marco normativo, y creo que es tiempo de que puedan recobrar lo más importante del ser humano que es su libertad”, apuntó.
A su vez, el presidente del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez, sostuvo que Chiapas será uno de los primeros estados que suma esfuerzos de colaboración en la implementación de esta política. “La liberación humanitaria es un beneficio que otorga el Estado y brinda una esperanza; con estas acciones Chiapas está a la vanguardia en la preliberación por criterios de política penitenciaria».
Destacó el compromiso de las instituciones de que, desde el ámbito de sus competencias, desarrollen a la brevedad acciones para implementar la liberación a través de estos criterios con fines humanitarios, con las directrices establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
El magistrado Guillermo Ramos agregó que comenzarán estos trabajos mediante la Mesa de Reconciliación a fin de tener los primeros resultados que deriven de este convenio, y que en el próximo evento de liberación humanitaria representen una esperanza para mujeres y hombres que se apeguen a esta política.
Asistieron: el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el secretario técnico de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, José Francisco Trujillo Ochoa; los representantes de la 31 Zona Militar, Pedro Hernández Félix; y de la 16 Región Naval, Héctor Daniel Valencia Díaz; los consejeros del Poder Judicial del Estado, Omar Heleria Reyes, Zelmira Perla de Rocío Gutiérrez Beltrán; las y los magistrados de Ponencia “B” de la Sala de Especialidad en Justicia para Adolescentes Berriozábal, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero; y de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla, Guillermo Horacio Esponda Orantes.
Asimismo, las y los magistrados presidentes de la Ponencia “A” de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal Tuxtla, Isela Martínez Flores; del Pleno de Distrito y de la Ponencia “A” de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Tuxtla, Rigoberto Bernandino Montoya García; la presidenta de la Comisión de Derechos humanos del Congreso del Estado, diputada Citlaly Isabel de León Villard; el subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Miguel Alarcón García; y el vocero de la Mesa de Reconciliación, Rafael León González, entre otros.